Microsoft recibió una multa de 899 millones de euros de la Comisión Europea

La multa más alta de la historia de la UE a una única empresa, ascendente a 899 millones de euros recibió Microsoft por cobrar un precio excesivo por la información que suministra a sus rivales para que puedan fabricar productos compatibles con su sistema operativo Windows.
Esta es la tercera sanción que se suma a las otras dos existentes dictado por el Ejecutivo comunitario contra el gigante informático: la primera, en marzo de 2004, por valor de 497 millones de euros por abuso de posición dominante; y la segunda, en julio de 2006, que ascendió a 280,5 millones de euros, por no ofrecer a la competencia suficiente información sobre interoperabilidad.
En total, las multas de Bruselas contra Microsoft ascienden a casi 1.700 millones de euros.
La Comisión considera que, Microsoft incumplió las sanciones impuestas en marzo de 2004, al cobrar un precio excesivo por la información suministrada a sus clientes, que obligaban a la compañía de Bill Gates a dar estos datos sobre interoperabilidad "en condiciones razonables y no discriminatorias".
El Tribunal de Primera Instancia respaldó esta medida correctiva en septiembre de 2007. La empresa corrigió su comportamiento el 22 de octubre de 2007. La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, dijo que espera que esta multa cierre un "oscuro capítulo" en el "historial de incumplimientos" de Microsoft y que en el futuro el gigante informático se comporte de acuerdo con los principios confirmados por el Tribunal de Primera Instancia.
La semana pasada Microsoft anunció que en el futuro facilitará a sus rivales toda la información necesaria sobre la interoperabilidad de sus productos.

Tacna será sede nacional temporal del Tribunal Constitucional

El pleno del Tribunal Constitucional (TC), encabezado por su presidente César Landa, arribará esta tarde a Tacna para celebrar una audiencia pública y dictar conferencias, convirtiéndose dicha ciudad sureña en sede nacional temporal del órgano de justicia constitucional.
El Pleno está integrado por los magistrados Carlos Mesía Ramírez, Juan Vergara Gotelli, Ricardo Beaumont Callirgos, Fernando Calle Hayen, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda.
A las 09:00 horas de mañana, los magistrados ofrecerán una conferencia de prensa en el auditorio de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, donde explicarán los alcances de las audiencias descentralizadas.
Seguidamente, a las 09:30 horas y en el mismo local, empezará la audiencia pública para ver procesos constitucionales, especialmente referidos a los hábeas corpus.
Entre las 11:00 y 13:00 horas, los magistrados dictarán conferencias magistrales para jueces, fiscales abogados, estudiantes y público en general. Este acto académico se realizará en el mismo local de la universidad.
El presidente del TC expondrá sobre "Los precedentes vinculantes", mientras que Mesía Ramírez tendrá a su cargo el tema "Procesos de Hábeas Corpus", y el doctor Beaumont Callirgos, disertará sobre "Proceso Competencial".
Asimismo, el doctor Eto Cruz expondrá sobre "Proceso de Amparo", el doctor Álvarez Miranda sobre "Proceso de Inconstitucionalidad" y el doctor Calle Hayen sobre "Proceso de Hábeas Data".
A las 13:15 horas, los magistrados serán incorporados al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna en sesión especial a realizarse en su local ubicado en la avenida Alfonso Ugarte Nº 61.
A las 18:25 horas la comitiva del TC retorna a la ciudad de Lima en un vuelo comercial de LAN Perú.

Tribunal Constitucional precisa que no es necesario un referéndum

Si bien el Tribunal Constitucional (TC) insistió ayer en que tiene la última palabra y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe acatar su fallo, por lo que al Poder Judicial le compete ahora hacer cumplir su resolución en torno a la devolución de los aportes a los fonavistas, sus voceros precisaron con mayor claridad aspectos de su nueva sentencia, emitida en la víspera.

César Landa, presidente del TC, hizo hincapié en que obligatoriamente no es necesaria la realización de un referéndum, ya que en su segundo fallo el TC determina otras salidas para devolver los aportes al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda.

Sostuvo que los poderes Legislativo y Ejecutivo podrían ponerse de acuerdo para sacar adelante una norma que determine el cumplimiento de la resolución, tomando en cuenta que el TC ha determinado que fue un aporte solidario y, por lo tanto, no puede ser devuelto de manera individual.

“Atento a los intereses sociales, bien podría evitarse todo este proceso (el referéndum) mediante una iniciativa legislativa (...) Ciertamente, el Parlamento tiene toda la facultad y el derecho de poder legislar sobre una materia, y de pronto, por la vía más corta, evitar todo un proceso de debate, consulta y convocatorias”, manifestó en diálogo con la prensa tras concluir una audiencia en la sede del Tribunal.

Por su parte, el ex titular del TC Víctor García Toma consideró que con su nuevo fallo el máximo organismo constitucional abre “una posibilidad extra referéndum”, en la que el Congreso puede enmendar la ley de uso de los recursos de la liquidación fonavista.

“El Parlamento tiene abierto el camino para modificar esto y ahorrarle al país el camino tortuoso de un referéndum”, dijo. Sin embargo, acotó que mientras esto no suceda, al JNE no le queda otro camino que acatar la sentencia.

(Tomado de Correo)

Fuentes abre puertas para legalizar cultivo de coca

PRESIDENTE REGIONAL DE PUNO DECLARA “PATRIMONIO CULTURAL” ESE CULTIVO. ALCANCES DE LA NORMA DEFINIRÁ INTENTO DE PERMITIR SU COMERCIALIZACIÓN

Fiel a su estilo controversial, el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, declaró a la hoja de coca como patrimonio cultural dentro de esa jurisdicción del sur del país. “Queremos proteger y reconocer la hoja de coca como patrimonio cultural, medicinal, botánico y símbolo del pueblo quechua y aymara. El 95% del pueblo la consume y queremos protegerla”, comentó. Según Fuentes, la norma no favorecerá el cultivo ilegal de la hoja de coca y como ejemplo mencionó que los productores de las provincias selváticas de Carabaya y Sandia –las de mayor producción– “están a favor de ser empadronados”. Cabe precisar que la consejera regional puneña Janet Zapana, autora de la norma, explicó en su oportunidad que la ordenanza contempla la creación de un instituto científico de la hoja de coca, la suspensión de la erradicación y el empadronamiento de cocaleros. “Defendemos a los productores que utilizan la hoja de coca con costumbres ancestrales y lícitas. No negamos que el narcotráfico existe, por eso queremos empadronamiento”, dijo a la agencia Andina. Sería ilegal Al respecto, Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), señaló a Correo que el Instituto Nacional de Cultura ya declaró patrimonio cultural, de manera simbólica, a la hoja de coca. “Aún no conocemos la norma, pero si se liberan algunas zonas para su cultivo, eso sería ilegal porque un gobierno regional no puede regular el uso, consumo o venta de la hoja de coca. Eso es tarea del gobierno central porque es una política de Estado”, afirmó. Por su parte, el miembro del TC Fernando Calle opinó que la norma debe “ceñirse estrictamente” a lo indicado anteriormente por este ente (que declaró inconstitucional la potestad de un gobierno regional de liberalizar el cultivo) “porque es normatividad vigente y es vinculante”.

Congreso debe dar una solución final al reclamo de los fonavistas

(RPP Noticias) Las diversas comisiones de trabajo del Congreso de la República deben retomar la discusión sobre la exigencia de los fonavistas para que les devuelva lo aportado para la obtención de sus viviendas, señaló César Zumaeta, integrante de la Comisión Política del APRA y presidente de la Comisión Proinversión del Congreso.
“Yo creo que hay que darle una salida, porque finalmente es un tema social que hay que encarar. Más allá del conflicto que hay entre el Tribunal Constitucional, que ha dispuesto que se realice el referéndum para que el Estado devuelva los aportes de los fonavistas, y el Jurado Nacional de Elecciones, que no quiere acatar el fallo del Tribunal, el Congreso debe reiterar la discusión para dar una salida final, reiteró.
Como se sabe, el jefe de Estado, Alan García Pérez, consideró que será mediante el “diálogo” como se podría resolver la controversia existente entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por el caso Fonavi.
Tras pedir que las instituciones se pongan de acuerdo en los temas de fondo, indicó que como mandatario debe garantizar la labor armónica de todos lo componentes y poderes del Estado.
Sobre la intervención del jefe de Estado, José Vega Antonio, secretario general de Unión Por el Perú (UPP), señaló que el presidente debe evitar intrometerse en decisiones de los organismos autónomos.
Se debe preservar la independencia y la autonomía de las entidades (TC y JNE). No debe influir en sus decisiones, agregó.
Al respecto, César Zumaeta saludó la intervención del jefe de Estado porque, a entender del legislador, lo que ha hecho es pedir al TC y el JNE que se pongan de acuerdo y concilien en este tema de interés social.
“Este tema es de larga data, incluso en gobierno de Alejandro Toledo ha pretendido manejar diversas alternativas para resarcir a los fonavistas: a través de entrega de materiales de construcción, emisión de bonos, eliminar deudas tributarias de fonavistas, entregar de terrenos del Estados, etc.; pero fue archivado. Posteriormente los fonavistas llevaron adelante la gestión de recolección de firmas para pedir que se realice un referéndum”, recordó.

Antauro Humala saldría libre al no tener sentencia

Poder Judicial no termina investigación.


Antauro Humala saldría de prisión la primera semana de enero al cumplir tres años privado de libertad sin recibir sentencia por el asalto a una comisaría de Andahuaylas, que dejó cuatro policías muertos.
Su abogado Edmundo Inga Garay anunció que solo espera que los trabajadores del Poder Judicial levanten la huelga que cumplen desde noviembre para solicitar la excarcelación de Antauro Humala.
Inga explicó que la primera semana de enero del 2008 vence el plazo de tres años de prisión preventiva que tenía la justicia para procesarlo, juzgarlo y sentenciarlo, pero hasta hoy eso no ocurre. El proceso se ha estancado en la etapa de investigación. Antauro está detenido desde el 4 de enero del 2005.
Según Inga los vocales de la 1ª Sala Penal de Reos Libres, que tiene a su cargo este caso, ya no pueden mantener detenido a Humala por más tiempo, según sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional. "Los vocales podrían disponer su libertad de oficio, pero nosotros la solicitaremos", apuntó el abogado.