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El presidente regional Pablo Hernán Fuentes Guzmán, anunció que podría recurrir a entidades internacionales para buscar que la hoja de coca sea reconocida como patrimonio regional y cultural, ante la posible declaratoria de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional a donde acudió el Poder Ejecutivo peruano.
El Tribunal Constitucional - TC, habría declarado Inconstitucional a la Ordenanza Regional Nº 022-2007 del Gobierno Regional de Puno, que declaró a la hoja de coca como patrimonio regional, cultural inmaterial, etnobotánico, sociológico, histórico, alimenticio, medicinal e industrial y símbolo del pueblo quechua-aymara. Como es de público conocimiento, el TC tras deliberar sobre la inconstitucionalidad que ha planteado el Poder Ejecutivo y que estuvo pendiente desde el pasado 28 de febrero, finalmente ha llegado a su final, cuando el día lunes pasado los miembros sentenciaron procedente al planteamiento. En la decisión adoptada por la entidad nacional, señala que las políticas antidrogas e incluido el cultivo de hoja de coca es regulada por el Estado y no de las regiones aunque estas tengan autonomía que les incumbe las normas que rigen a los Gobiernos Regionales y recomienda que la decisión adoptada es valedera para posteriores demandas que pudieran existir sobre el tema. Al respecto, el presidente regional Pablo Hernán Fuentes, manifestó que no conoce oficialmente sobre la sentencia emitida por la máxima instancia constitucional del Perú; sin embargo, rechazó tal resultado y anunció que ellos recurrirán a instancias internacionales para hacer respetar la Ordenanza Regional 022. El abogado Wenceslao Apaza Ñaupa, miembro del equipo de asesores que buscaba la constitucionalidad de la Ordenanza Regional, sostuvo que las esperanzas no están terminadas, puesto que aún se debe analizar aspectos de fondo y forma de la sentencia emitida por el ente constitucional. Para la consejera por la provincia de Sandia, Janet Zapana Guillen, la sentencia del Tribunal Constitucional era de esperarse; sin embargo, observó que la citada institución pisotea sus propias recomendaciones realizadas el año 2005, cuando encargaron a distintas instancias del Gobierno a implementar medidas favorables ala hoja de coca. Al respecto, el congresista Yonhy Lescano Ancieta, mencionó que la Ordenanza fue una falsa expectativa para los productores y que tras éste hecho, el siguiente paso debería ser el impulso que se debería brindar al Proyecto de Ley presentado por la “Alianza Parlamentaria” y que se espera sea discutida por la Comisión Agraria.
El Tribunal Constitucional - TC, habría declarado Inconstitucional a la Ordenanza Regional Nº 022-2007 del Gobierno Regional de Puno, que declaró a la hoja de coca como patrimonio regional, cultural inmaterial, etnobotánico, sociológico, histórico, alimenticio, medicinal e industrial y símbolo del pueblo quechua-aymara. Como es de público conocimiento, el TC tras deliberar sobre la inconstitucionalidad que ha planteado el Poder Ejecutivo y que estuvo pendiente desde el pasado 28 de febrero, finalmente ha llegado a su final, cuando el día lunes pasado los miembros sentenciaron procedente al planteamiento. En la decisión adoptada por la entidad nacional, señala que las políticas antidrogas e incluido el cultivo de hoja de coca es regulada por el Estado y no de las regiones aunque estas tengan autonomía que les incumbe las normas que rigen a los Gobiernos Regionales y recomienda que la decisión adoptada es valedera para posteriores demandas que pudieran existir sobre el tema. Al respecto, el presidente regional Pablo Hernán Fuentes, manifestó que no conoce oficialmente sobre la sentencia emitida por la máxima instancia constitucional del Perú; sin embargo, rechazó tal resultado y anunció que ellos recurrirán a instancias internacionales para hacer respetar la Ordenanza Regional 022. El abogado Wenceslao Apaza Ñaupa, miembro del equipo de asesores que buscaba la constitucionalidad de la Ordenanza Regional, sostuvo que las esperanzas no están terminadas, puesto que aún se debe analizar aspectos de fondo y forma de la sentencia emitida por el ente constitucional. Para la consejera por la provincia de Sandia, Janet Zapana Guillen, la sentencia del Tribunal Constitucional era de esperarse; sin embargo, observó que la citada institución pisotea sus propias recomendaciones realizadas el año 2005, cuando encargaron a distintas instancias del Gobierno a implementar medidas favorables ala hoja de coca. Al respecto, el congresista Yonhy Lescano Ancieta, mencionó que la Ordenanza fue una falsa expectativa para los productores y que tras éste hecho, el siguiente paso debería ser el impulso que se debería brindar al Proyecto de Ley presentado por la “Alianza Parlamentaria” y que se espera sea discutida por la Comisión Agraria.
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