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Con la Ley de Silencio Administrativo se inicia una “verdadera revolución cultural” en el Perú, que pondrá al Estado al servicio el ciudadano, afirmó Nilda Rojas, secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Señaló que esta ley exige a todas las dependencias del Estado sin excepción adecuar sus trámites de acuerdo a los principios de simplicidad, celeridad y costo real para el ciudadano, y si no cumple, se aplica el silencio positivo administrativo.
Indicó que en una primera medida se han identificado 893 trámites en diversas dependencias del Poder ejecutivo, a los que se aplicará este principio.
Rojas consideró que el cambio más importante se dará cuando se termine con el proceso de estandarización, para que un mismo trámite sea igual en toda dependencia, bajo los principios de celeridad y simplicidad administrativa.
“Se trata de una verdadera revolución cultural, de una cambio en la mentalidad de las personas, porque ahora las autoridades tendrán que ser rápidas y eficientes, y el ciudadano por fin tendrá con un mecanismo de protección con el silencio administrativo positivo”, declaró a Andina.
Trajo a la memoria el caso de los jubilados que, dependiendo del distrito donde viven, deben cumplir con una serie de requisitos para gozar de la exoneración del pago de arbitrios, cuando lo razonable es que sean solo tres.
Rojas Bolívar informó que su despacho ya ha iniciado la revisión de los TUPA (texto único de procedimiento administrativo) de diversas entidades, para evaluar si están cumpliendo con adecuarse a la ley.
Por el lado de las municipalidades y los gobiernos regionales, precisó que de acuerdo a ley serán los órganos de control los que deben vigilar e informar a la autoridad sobre este procedimiento.
Agregó que la Secretaría de Gestión Pública de la PCM sigue trabajando para que cada vez más instituciones se sumen a estos principios en sus trámites administrativos a fin de servir mejor a los ciudadanos.
Señaló que esta ley exige a todas las dependencias del Estado sin excepción adecuar sus trámites de acuerdo a los principios de simplicidad, celeridad y costo real para el ciudadano, y si no cumple, se aplica el silencio positivo administrativo.
Indicó que en una primera medida se han identificado 893 trámites en diversas dependencias del Poder ejecutivo, a los que se aplicará este principio.
Rojas consideró que el cambio más importante se dará cuando se termine con el proceso de estandarización, para que un mismo trámite sea igual en toda dependencia, bajo los principios de celeridad y simplicidad administrativa.
“Se trata de una verdadera revolución cultural, de una cambio en la mentalidad de las personas, porque ahora las autoridades tendrán que ser rápidas y eficientes, y el ciudadano por fin tendrá con un mecanismo de protección con el silencio administrativo positivo”, declaró a Andina.
Trajo a la memoria el caso de los jubilados que, dependiendo del distrito donde viven, deben cumplir con una serie de requisitos para gozar de la exoneración del pago de arbitrios, cuando lo razonable es que sean solo tres.
Rojas Bolívar informó que su despacho ya ha iniciado la revisión de los TUPA (texto único de procedimiento administrativo) de diversas entidades, para evaluar si están cumpliendo con adecuarse a la ley.
Por el lado de las municipalidades y los gobiernos regionales, precisó que de acuerdo a ley serán los órganos de control los que deben vigilar e informar a la autoridad sobre este procedimiento.
Agregó que la Secretaría de Gestión Pública de la PCM sigue trabajando para que cada vez más instituciones se sumen a estos principios en sus trámites administrativos a fin de servir mejor a los ciudadanos.
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