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domingo, 15 de junio de 2008

Advierten que municipios aplican ordenanzas que no cumplen requisitos


Según un estudio del Instituto Peruano de Administración Municipal, 994 ordenanzas aprobadas por los concejos distritales de la capital no son válidas. Este número significa el 24 por ciento del total de ordenanzas emitidas.

De acuerdo al informe de la institución, que preside el experto en derecho municipal Marco Tulio Gutiérrez, 664 ordenanzas no han sido publicadas en diario oficial El Peruano, requisito indispensable para su entrada en vigencia, 180 lo han sido parcialmente y otras 150 no cumplen con los requisitos legales para su existencia.

De las 664 ordenanzas no publicadas, sólo se tiene referencia de su existencia por el cotejo de la numeración correlativa de las que sí aparecieron en el diario oficial El Peruano.

Según indica el Instituto Peruano de Administración Municipal, estas ordenanzas no tienen existencia jurídica y si alguna municipalidad está exigiendo su cumplimiento a los vecinos, ello constituiría un grave caso de abuso de autoridad por parte de sus alcaldes.

Agrega que el caso más grave es el de la Municipalidad de San Bartólo, en la que el 85,71 por ciento de sus ordenanzas no han sido publicadas. En cambio, la Municipalidad de San Borja es la única que ha cumplido en efectuar la publicación de las 92 ordenanzas que aprobó su concejo municipal.

Otras 180 ordenanzas fueron publicadas en el diario oficial, pero no incluyen el contenido de sus anexos, y según un fallo del Tribunal Constitucional, las ordenanzas "incompletas" no existen en el ordenamiento jurídico, y que por ello ni siquiera pueden ser declaradas inconstitucionales.

Otras ordenanzas son ilegales porque crean tributos sin precisar el informe técnico correspondiente, suspenden trámites de procesos administrativos a pesar de que el Tribunal Constitucional estableció que está prohibido por vulnerar el derecho de petición de las personas, o colisionan con normas nacionales.

Marco Tulio Gutiérrez, presidente del instituto, señaló que las cifras de ordenanzas irregulares son preocupantes pues revela que las municipalidades no están siendo manejadas con riguroso apego a la legalidad, sino a una suerte de informalidad que debe ser eliminada de inmediato.

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