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La región de Santa Cruz, que concentra el 30% del PIB boliviano, irá a las urnas el domingo para aprobar su estatuto de gobierno autónomo, una suerte de Constitución local, confrontada con el presidente Evo Morales, que considera la consulta ilegal y secesionista.
Bajo la iniciativa de sus líderes políticos y empresariales, opositores duros del socialista Morales, Santa Cruz decidirá si aprueba un estatuto de gobierno autónomo de tendencia liberal.
Ese estatuto le daría a las autoridades departamentales amplias facultades en materias económica y política, incluyendo la formación de una Policía propia, y dejando para el Estado tan sólo las funciones de Defensa y relaciones exteriores.
Encuestas revelaron esta semana que la aprobación de los estatutos podría fluctuar entre el 70 y 75% para una votación que el gobierno quiso impedir a toda costa y que en el último tiempo ha intentado minimizar señalando que se trata tan sólo de una consulta.
"Todo está listo para el referéndum de este domingo; tenemos un total de 935.527 inscritos para ir a votar en todo el departamento", afirmó el viernes el presidente de la Corte Electoral de Santa Cruz, Mario Orlando Parada.
En la ciudad de Santa Cruz, ciudad de 1,2 millones de habitantes, y capital del departamento, se vive tranquilidad, comprobaron periodistas de la AFP. Las actividades públicas y privadas son normales a dos días de la consulta, y en muchas calles se respira un ambiente electoral; en varias casas se observan banderas verdes y blancas -colores de la región- y algunos grafitti muestran las posiciones a favor y en contra de la consulta.
En contraste, el clima que existe en áreas rurales, principalmente en las comarcas de San Julián y Cuatro Cañadas, dos bolsones electorales leales al presidente boliviano, puede presagiar algunos desórdenes para el fin de semana. "Estamos organizando bloqueos (de rutas) porque no vamos a permitir el referendo", afirmó el dirigente aborigen Paulino Parapaino a la prensa local, argumentando que la redacción de los estatutos autonómicos no fue consultada con los indios de la región.
La Confederación de Colonizadores de Bolivia, un sindicato que agrupa a campesinos de escasos recursos, atizó el fuego al amenazar con no permitir la consulta en Santa Cruz. "Nos declaramos en emergencia y no permitiremos el referendo. Cualquier enfrentamiento que se genere será por culpa del presidente de la Corte Electoral y del prefecto Rubén Costas", afirmó el dirigente del sector Fidel Zurco.
Santa Cruz lidera un movimiento autonomista que también ha cuajado en los departamentos de Beni, Pando y Tarija, que planean realizar sus propios referendos autonomistas en los próximos 50 días.
Este desafío a Morales -que por su lado impulsa un proyecto de Constitución que es rechazado por la oposición- ha generado un complejo problema en Bolivia, lo que ha llevado a la Iglesia, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a países amigos a buscar un diálogo pacificador.
La OEA expresó en la noche del viernes su solidaridad con el gobierno boliviano del presidente Evo Morales y defendió la integridad territorial del país. En resolución aprobada por el Consejo Permanente de la institución, los países miembros de la OEA expresaron "su solidaridad y respaldo al Pueblo de Bolivia, al Gobierno Constitucional dirigido por el Presidente Evo Morales Ayma, a la institucionalidad democrática y a las autoridades elegidas por el pueblo boliviano".
El secretario general del organismo, José Miguel Insulza, había llamado antes a apoyar la preservación de la unidad nacional y la democracia en Bolivia. "Queremos la preservación de la unidad nacional, de la democracia y queremos evitar la violencia", dijo Insulza.
Allí, el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, David Choquehuanca, acusó a Santa Cruz de haber bloqueado el diálogo con el Gobierno. "Creíamos que la palabra de la OEA, de la Iglesia Católica y de la comunidad internacional sería escuchada. No fue así", lamentó el ministro.
El departamento de Santa Cruz tiene cerca de 2,5 millones de habitantes y una extensión que supera los 370.000 km2.
Bajo la iniciativa de sus líderes políticos y empresariales, opositores duros del socialista Morales, Santa Cruz decidirá si aprueba un estatuto de gobierno autónomo de tendencia liberal.
Ese estatuto le daría a las autoridades departamentales amplias facultades en materias económica y política, incluyendo la formación de una Policía propia, y dejando para el Estado tan sólo las funciones de Defensa y relaciones exteriores.
Encuestas revelaron esta semana que la aprobación de los estatutos podría fluctuar entre el 70 y 75% para una votación que el gobierno quiso impedir a toda costa y que en el último tiempo ha intentado minimizar señalando que se trata tan sólo de una consulta.
"Todo está listo para el referéndum de este domingo; tenemos un total de 935.527 inscritos para ir a votar en todo el departamento", afirmó el viernes el presidente de la Corte Electoral de Santa Cruz, Mario Orlando Parada.
En la ciudad de Santa Cruz, ciudad de 1,2 millones de habitantes, y capital del departamento, se vive tranquilidad, comprobaron periodistas de la AFP. Las actividades públicas y privadas son normales a dos días de la consulta, y en muchas calles se respira un ambiente electoral; en varias casas se observan banderas verdes y blancas -colores de la región- y algunos grafitti muestran las posiciones a favor y en contra de la consulta.
En contraste, el clima que existe en áreas rurales, principalmente en las comarcas de San Julián y Cuatro Cañadas, dos bolsones electorales leales al presidente boliviano, puede presagiar algunos desórdenes para el fin de semana. "Estamos organizando bloqueos (de rutas) porque no vamos a permitir el referendo", afirmó el dirigente aborigen Paulino Parapaino a la prensa local, argumentando que la redacción de los estatutos autonómicos no fue consultada con los indios de la región.
La Confederación de Colonizadores de Bolivia, un sindicato que agrupa a campesinos de escasos recursos, atizó el fuego al amenazar con no permitir la consulta en Santa Cruz. "Nos declaramos en emergencia y no permitiremos el referendo. Cualquier enfrentamiento que se genere será por culpa del presidente de la Corte Electoral y del prefecto Rubén Costas", afirmó el dirigente del sector Fidel Zurco.
Santa Cruz lidera un movimiento autonomista que también ha cuajado en los departamentos de Beni, Pando y Tarija, que planean realizar sus propios referendos autonomistas en los próximos 50 días.
Este desafío a Morales -que por su lado impulsa un proyecto de Constitución que es rechazado por la oposición- ha generado un complejo problema en Bolivia, lo que ha llevado a la Iglesia, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a países amigos a buscar un diálogo pacificador.
La OEA expresó en la noche del viernes su solidaridad con el gobierno boliviano del presidente Evo Morales y defendió la integridad territorial del país. En resolución aprobada por el Consejo Permanente de la institución, los países miembros de la OEA expresaron "su solidaridad y respaldo al Pueblo de Bolivia, al Gobierno Constitucional dirigido por el Presidente Evo Morales Ayma, a la institucionalidad democrática y a las autoridades elegidas por el pueblo boliviano".
El secretario general del organismo, José Miguel Insulza, había llamado antes a apoyar la preservación de la unidad nacional y la democracia en Bolivia. "Queremos la preservación de la unidad nacional, de la democracia y queremos evitar la violencia", dijo Insulza.
Allí, el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, David Choquehuanca, acusó a Santa Cruz de haber bloqueado el diálogo con el Gobierno. "Creíamos que la palabra de la OEA, de la Iglesia Católica y de la comunidad internacional sería escuchada. No fue así", lamentó el ministro.
El departamento de Santa Cruz tiene cerca de 2,5 millones de habitantes y una extensión que supera los 370.000 km2.
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