La ministra de Justicia, Rosario Fernández, afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), no puede obligar al Perú a dar compensaciones individuales por el caso Castro Castro, donde fallecieron reos acusados de terrorismo en un motín en 1992.
“En la defensa estamos insistiendo la necesidad de que la Corte Interamericana interprete este fallo, porque nosotros señalamos que no se puede obligar al Perú a dar compensaciones individuales, sino de manera colectiva, según los criterios que se han planteado en el recurso del Estado peruano”, sostuvo. Informó que el agente del Estado peruano ante la Corte de San José, Julio Galindo, fue a la sede de ese tribunal, para exponer los fundamentos del pedido de interpretación del fallo sobre el caso Castro Castro. Precisamente, la Corte IDH sesionará este 2 y 3 de agosto para resolver una demanda de interpretación, presentada por el Estado peruano, que objeta algunos aspectos del mencionado fallo. Dicha demanda fue interpuesta el 16 de marzo de 2007, al cuestionar que en la sentencia se dispongan millonarias reparaciones económicas así como un homenaje público a los deudos de terroristas que fallecieron cuando se debeló un motín en el penal Castro Castro, en 1992. “El doctor Galindo se ha entrevistado con los funcionarios en la corte interamericana y no solamente ha ratificado el criterio, sino que se le ha alcanzado las copias de las sentencias condenatorias por el delito de terrorismo”, indicó Fernández. La titular de Justicia dijo que en no se está negando la existencia de los actos ocurrido en 1992, sino que se está pidiendo que el Estado sea escuchado con una “debida interpretación”. En tal sentido, recordó que la interpretación de la sentencia es producto de un allanamiento que realizó el gobierno de turno y que no benefició al Estado peruano en los derechos que le corresponden. La ministra Fernández dijo anteriormente que en el fallo de la CIDH era incongruente pues en la lista de víctimas y supuestos beneficiarios de ese fallo, aparecen varios sentenciados por delitos de terrorismo, como el cabecilla de Sendero Luminoso, Osmán Morote Barrionuevo.
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