Entradas
Falta de coordinación entre el Minjus y la Beneficencia retrasó la ceremonia. La ministra Rosario Fernández ofreció disculpas.
Heridas que se van cerrando tras 16 años en busca de respuestas, de justicia. De no desistir en la lucha por encontrar sus cuerpos. Ayer, por fin los familiares del profesor y de los nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta –cruelmente asesinados por el grupo Colina un 18 de julio de 1992– pudieron enterrar sus restos en el cementerio El Ángel, al mediodía.
"Al fin podemos tener un poco paz al saber que vamos a sepultar dignamente a nuestros hijos", susurraba uno de los padres de los estudiantes, mientras acariciaba uno de los féretros en la iglesia La Recoleta, ubicada en la Plaza Francia. De este lugar partieron en caravana con los ataúdes en hombros más de un centenar de personas rumbo al camposanto.
Al llanto de los padres y hermanos de algunas de las víctimas, quienes se mantuvieron aferrados a los seis féretros, se sumaron las vivas de un grupo de universitarios: ¡Cuando un cantuteño muere, nunca muere!, ¡Con justicia y verdad, ellos van a descansar!
Eran las once y veinte de la mañana. Las puertas del cementerio El Ángel se abrieron para recibir a las más de doscientas personas que ingresaron con solemnidad. Rosas blancas y una banda que hizo sonar algunas canciones andinas marcaron el inicio de una larga ceremonia de despedida.
"Me siento tranquila, esto significa la culminación de una etapa importante en la búsqueda de justicia y verdad. Saber que físicamente mi hermano (Enrique Ortiz) nunca estará conmigo es muy triste. Pero hoy cerraremos nuestro duelo. Nuestros familiares están en un lugar donde podrán descansar. También nos sentimos regocijados porque el entierro se da en un contexto positivo, ya que los asesinos están en la cárcel. Esta será la última vez que desenterramos a nuestros seres queridos. Ahora ellos pueden emprender el camino hacia la eternidad", aseveró Gisela Ortiz.
Entre lágrimas, narró que "él (Enrique) hubiera hecho lo mismo por mí si otra hubiese sido la historia. Quiero decirle a mi Enrique que cumplí con él, que hice lo que tenía que hacer y que lo amo".
LA DESPEDIDA
Conforme transcurrían los minutos, las canciones y las vivas a los alumnos y al profesor Hugo Muñoz –que simulaban un himno– se hacían más fuertes. ¡Dora Oyague...presente!, ¡Enrique Ortiz... presente!, ¡Heráclides... presente!
Eran cerca de las once y media de la mañana y los familiares se dispusieron a proceder al entierro. Pero eso fue imposible. Una descoordinación entre el Ministerio de Justicia (Minjus) y la Beneficencia Pública –a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social– originó que un funcionario del camposanto se acercara a los familiares para informarles que no había ninguna autorización para iniciar el sepelio.
Al enterarse de esta noticia, el malestar de los presentes se hizo evidente. Es así que Ortiz, en nombre de los familiares, manifestó públicamente que ese descuido del gobierno constituía "una falta de respeto a la memoria de nuestros familiares".
"Hemos venido a enterrar a nuestros familiares confiados en que se habían hecho esos trámites. Al llegar aquí y ver que no hay nadie, y además que nos digan que tampoco hay una autorización, nos sorprende", manifestó Ortiz, quien argumentó que "existe una resolución de la Primera Sala Especial de Lima, la cual señala que el Ministerio de Justicia debe asumir los costos y trámites".
"Es indignante que tengamos que asumir en momentos de dolor responsabilidades que no nos competen. Este mausoleo es nuestro y por esa razón, haya o no permiso, enterramos a nuestros familiares hoy. A diferencia de los asesinos, nosotros decidimos cómo los sepultamos. No nos vamos a ir hasta hacerlo", enfatizó Ortiz.
MINUTOS DE SILENCIO
Minutos más tarde, un grupo de asistentes consiguió picos y palas para proceder a la culminación de la ceremonia. Los trabajadores del camposanto, luego de un intercambio de palabras, finalmente accedieron a colaborar.
En ese momento, las palabras se esfumaron. Dejaron de tener sentido. El silencio invadió a toda la multitud y solo quedó espacio para el adiós. Tal vez en ese momento pasaron por ellos los momentos felices que compartieron con sus seres queridos a los que les daban el adiós final, pero también recuerdos devastadores. Como el de aquel día en que sus familiares fueron secuestrados, ejecutados y enterrados por agentes del grupo Colina –al mando Santiago Martin Rivas– en la madrugada del 18 de julio de 1992, en un campo de tiro en Huachipa, cerca de la autopista Ramiro Prialé.
LLEGÓ LA TRANQUILIDAD
Mientras los seis féretros eran enterrados, las palabras entrecortadas de despedida empezaron a salir. Unas más cargadas de dolor que otras. Los abrazos de consuelo y los apretones de manos entre los familiares –que se acompañaron durante casi dos décadas– surgieron casi al final de la ceremonia.
Para Carmen Oyague, tía de Dora, una de las alumnas de La Cantuta, esta ceremonia dará un poco de tranquilidad a su vida: "Luego de enterrar sus restos siento algo de paz. Siento que nuestra lucha incansable de 16 años ha valido la pena. Fue Fujimori quien autorizó la matanza de nuestros familiares y ahora tiene que pagar por ello, junto con los otros agentes del destacamento Colina que están en la cárcel. Aún la siento a mi lado. Extraño su sonrisa, sus caricias, su voz. Me hace mucha falta. Siempre me pregunto por qué tuvo que pasarle esto", agregó.
SEGUIRÁ BUSCÁNDOLO
Pero la tranquilidad no alber-gó a todos los deudos. Los restos del profesor Hugo Muñoz y del estudiante Armando Amaro Cóndor hasta la fecha no han sido encontrados.
La madre de Armando, Raida Cóndor, no puede encontrar sosiego. "Hoy no siento alegría, los restos de mi hijo no están. Pediré que se continúen con las exhumaciones en las fosas de Cieneguilla y Huachipa, tal vez allí estén los restos de mi hijo", relató Cóndor en diálogo con La República.
Debe señalarse que algunos ex integrantes del grupo Colina han confesado que los restos de los estudiantes y del docente fueron desenterrados y vueltos a sepultar en un descampado de Cieneguilla.
Ministra Fernández se disculpó
A raíz del cuestionamiento de los deudos de las víctimas de la matanza de La Cantuta al Ministerio de Justicia, debido que la Beneficencia Pública no había autorizado el entierro de sus familiares, la titular del sector, Rosario Fernández, ofreció disculpas y dijo que la descoordinación se debió a "cuestiones burocráticas de menor nivel de un funcionario que no tuvo criterio".
"Este funcionario no ha tenido el criterio suficiente para entender que ya los restos estaban allí y había que dar el pase porque inclusive las personas tenían un mausoleo. Es muy penoso lo ocurrido, en cuanto al ministerio cumplimos oportunamente con lo notificado por el Poder Judicial, que fue entregar los ataúdes, las carrozas y la capilla ardiente", aseguró Fernández, quien aclaró que el cementerio pertenece a Inabif, que está adscrito al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
El director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo, consideró que la posibilidad de los deudos de enterrar a sus familiares "es importante porque se ha cerrado un círculo de dolor que se mantenía desde hace 16 años, y que por fin termina".
"Al fin podemos tener un poco paz al saber que vamos a sepultar dignamente a nuestros hijos", susurraba uno de los padres de los estudiantes, mientras acariciaba uno de los féretros en la iglesia La Recoleta, ubicada en la Plaza Francia. De este lugar partieron en caravana con los ataúdes en hombros más de un centenar de personas rumbo al camposanto.
Al llanto de los padres y hermanos de algunas de las víctimas, quienes se mantuvieron aferrados a los seis féretros, se sumaron las vivas de un grupo de universitarios: ¡Cuando un cantuteño muere, nunca muere!, ¡Con justicia y verdad, ellos van a descansar!
Eran las once y veinte de la mañana. Las puertas del cementerio El Ángel se abrieron para recibir a las más de doscientas personas que ingresaron con solemnidad. Rosas blancas y una banda que hizo sonar algunas canciones andinas marcaron el inicio de una larga ceremonia de despedida.
"Me siento tranquila, esto significa la culminación de una etapa importante en la búsqueda de justicia y verdad. Saber que físicamente mi hermano (Enrique Ortiz) nunca estará conmigo es muy triste. Pero hoy cerraremos nuestro duelo. Nuestros familiares están en un lugar donde podrán descansar. También nos sentimos regocijados porque el entierro se da en un contexto positivo, ya que los asesinos están en la cárcel. Esta será la última vez que desenterramos a nuestros seres queridos. Ahora ellos pueden emprender el camino hacia la eternidad", aseveró Gisela Ortiz.
Entre lágrimas, narró que "él (Enrique) hubiera hecho lo mismo por mí si otra hubiese sido la historia. Quiero decirle a mi Enrique que cumplí con él, que hice lo que tenía que hacer y que lo amo".
LA DESPEDIDA
Conforme transcurrían los minutos, las canciones y las vivas a los alumnos y al profesor Hugo Muñoz –que simulaban un himno– se hacían más fuertes. ¡Dora Oyague...presente!, ¡Enrique Ortiz... presente!, ¡Heráclides... presente!
Eran cerca de las once y media de la mañana y los familiares se dispusieron a proceder al entierro. Pero eso fue imposible. Una descoordinación entre el Ministerio de Justicia (Minjus) y la Beneficencia Pública –a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social– originó que un funcionario del camposanto se acercara a los familiares para informarles que no había ninguna autorización para iniciar el sepelio.
Al enterarse de esta noticia, el malestar de los presentes se hizo evidente. Es así que Ortiz, en nombre de los familiares, manifestó públicamente que ese descuido del gobierno constituía "una falta de respeto a la memoria de nuestros familiares".
"Hemos venido a enterrar a nuestros familiares confiados en que se habían hecho esos trámites. Al llegar aquí y ver que no hay nadie, y además que nos digan que tampoco hay una autorización, nos sorprende", manifestó Ortiz, quien argumentó que "existe una resolución de la Primera Sala Especial de Lima, la cual señala que el Ministerio de Justicia debe asumir los costos y trámites".
"Es indignante que tengamos que asumir en momentos de dolor responsabilidades que no nos competen. Este mausoleo es nuestro y por esa razón, haya o no permiso, enterramos a nuestros familiares hoy. A diferencia de los asesinos, nosotros decidimos cómo los sepultamos. No nos vamos a ir hasta hacerlo", enfatizó Ortiz.
MINUTOS DE SILENCIO
Minutos más tarde, un grupo de asistentes consiguió picos y palas para proceder a la culminación de la ceremonia. Los trabajadores del camposanto, luego de un intercambio de palabras, finalmente accedieron a colaborar.
En ese momento, las palabras se esfumaron. Dejaron de tener sentido. El silencio invadió a toda la multitud y solo quedó espacio para el adiós. Tal vez en ese momento pasaron por ellos los momentos felices que compartieron con sus seres queridos a los que les daban el adiós final, pero también recuerdos devastadores. Como el de aquel día en que sus familiares fueron secuestrados, ejecutados y enterrados por agentes del grupo Colina –al mando Santiago Martin Rivas– en la madrugada del 18 de julio de 1992, en un campo de tiro en Huachipa, cerca de la autopista Ramiro Prialé.
LLEGÓ LA TRANQUILIDAD
Mientras los seis féretros eran enterrados, las palabras entrecortadas de despedida empezaron a salir. Unas más cargadas de dolor que otras. Los abrazos de consuelo y los apretones de manos entre los familiares –que se acompañaron durante casi dos décadas– surgieron casi al final de la ceremonia.
Para Carmen Oyague, tía de Dora, una de las alumnas de La Cantuta, esta ceremonia dará un poco de tranquilidad a su vida: "Luego de enterrar sus restos siento algo de paz. Siento que nuestra lucha incansable de 16 años ha valido la pena. Fue Fujimori quien autorizó la matanza de nuestros familiares y ahora tiene que pagar por ello, junto con los otros agentes del destacamento Colina que están en la cárcel. Aún la siento a mi lado. Extraño su sonrisa, sus caricias, su voz. Me hace mucha falta. Siempre me pregunto por qué tuvo que pasarle esto", agregó.
SEGUIRÁ BUSCÁNDOLO
Pero la tranquilidad no alber-gó a todos los deudos. Los restos del profesor Hugo Muñoz y del estudiante Armando Amaro Cóndor hasta la fecha no han sido encontrados.
La madre de Armando, Raida Cóndor, no puede encontrar sosiego. "Hoy no siento alegría, los restos de mi hijo no están. Pediré que se continúen con las exhumaciones en las fosas de Cieneguilla y Huachipa, tal vez allí estén los restos de mi hijo", relató Cóndor en diálogo con La República.
Debe señalarse que algunos ex integrantes del grupo Colina han confesado que los restos de los estudiantes y del docente fueron desenterrados y vueltos a sepultar en un descampado de Cieneguilla.
Ministra Fernández se disculpó
A raíz del cuestionamiento de los deudos de las víctimas de la matanza de La Cantuta al Ministerio de Justicia, debido que la Beneficencia Pública no había autorizado el entierro de sus familiares, la titular del sector, Rosario Fernández, ofreció disculpas y dijo que la descoordinación se debió a "cuestiones burocráticas de menor nivel de un funcionario que no tuvo criterio".
"Este funcionario no ha tenido el criterio suficiente para entender que ya los restos estaban allí y había que dar el pase porque inclusive las personas tenían un mausoleo. Es muy penoso lo ocurrido, en cuanto al ministerio cumplimos oportunamente con lo notificado por el Poder Judicial, que fue entregar los ataúdes, las carrozas y la capilla ardiente", aseguró Fernández, quien aclaró que el cementerio pertenece a Inabif, que está adscrito al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
El director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo, consideró que la posibilidad de los deudos de enterrar a sus familiares "es importante porque se ha cerrado un círculo de dolor que se mantenía desde hace 16 años, y que por fin termina".
0 comentarios:
Publicar un comentario